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Opinión

Oficio Legislativo

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¿Qué costo tiene para un diputado presentar un proyecto aparentemente inconstitucional y que genera falsas expectativas a la ciudadanía? Al parecer, ninguno.

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Investigador en Instituto Res Publica.

12 de Septiembre de 2019

La voluntad popular, expresada a través de un sistema de democracia representativa, entrega facultades a los parlamentarios para tomar decisiones, participar en el nombramiento de algunos altos cargos, debatir y fiscalizar, entre otras labores. La puesta en práctica de estas facultades se ve muchas veces perjudicada por legisladores que dan espacio a cuestionamientos en cuanto a su oficio y ética del trabajo. 

Lamentablemente, sorprende cada día menos que existan coaliciones cuyos diputados enuncian con cánticos las razones de su voto, mientras usan atuendos histriónicos que poco se condicen con la solemnidad y seriedad del hemiciclo, hogar de uno de los tres poderes del Estado chileno. Pero hay cosas que son más preocupantes.

Sin quitarle gravedad al poco respeto que algunos muestran en el Congreso, existen aspectos que impactan profundamente en nuestra institucionalidad. En el debate actual hay dos ejemplos de una labor legislativa éticamente cuestionable y profesionalmente criticable. La acusación constitucional a la ministra Marcela Cubillos y el proyecto de reducción de la jornada a 40 horas nominales, 35 efectivas. 

La acusación contra la secretaria de Estado que fue anunciada por meses, mientras se buscaban razones para acusarla, fue finalmente presentada por la oposición y ha recibido fuertes críticas debido a la falta de contenido y sustento jurídico. Esta iniciativa responde a una maniobra política en un intento para minar a una de las figuras al interior del actual Gobierno y que ha dado un golpe de timón a la agenda desde las ideas políticas de la centroderecha en un tema que por años ha estado monopolizado por la izquierda: calidad, mérito y focalización en la educación. Es preocupante que parlamentarios, liderados por el PS, utilicen instrumentos tan potentes y serios de nuestra institucionalidad para atacar a una secretaria de Estado que hace su trabajo, ejerciendo el derecho de esta administración a gobernar, en un intento por sacar del foco noticioso al Partido Socialista y la crisis interna ligada al narcotráfico que están viviendo. Incluso es posible que la moción responda a la búsqueda de algún punto de acuerdo entre la desarticulada oposición. En cualquier caso, esta iniciativa  se nota instrumental y no se acerca al correcto uso de las facultades fiscalizadoras de los parlamentarios. El mal uso de dichas facultades, que ha sido registrado en periodos anteriores de la historia de nuestro país, ha traído inestabilidad y momentos de crisis al sistema político. 

Tanto o más preocupante que lo anterior es la irresponsabilidad con la que la bancada comunista presenta el proyecto de reducción de jornada laboral. La moción en cuestión ha generado discusión pues ha sido indicada como inconstitucional en reiteradas ocasiones  por diferentes actores. Frente a lo anterior, el mismo Presidente de la República anunció que impugnará el proyecto en el Tribunal Constitucional de aprobarse en la Cámara y el Senado. Cabe el espacio para dudar respecto de las intenciones del Partido Comunista que, sabiendo que existe una alta probabilidad de que el proyecto no sea constitucional y fracase, insiste en presentarlo e impulsarlo para probablemente generar nuevos cuestionamientos al TC, el que no es de su agrado ya que limita el poder de las mayorías circunstanciales y de los parlamentarios, preocupándose de aplicar como corresponde la carta magna y velando por los derechos de todos los ciudadanos de la nación.

Es una suma de varios elementos y comportamientos la que permite cuestionar el profesionalismo de algunos parlamentarios y, sobretodo, la razón de que no existan consecuencias frente a ellos: no respetar las urgencias legislativas, votar estando desinformados y una insuficiente vinculación territorial pero, en este caso específico, ¿qué costo tiene para un diputado presentar un proyecto aparentemente inconstitucional y que genera falsas expectativas a la ciudadanía? Al parecer, ninguno.

Es peligroso que no existan incentivos reales para elevar el nivel del oficio parlamentario y, a la vez, que no haya consecuencias para el mal uso de mecanismos políticos. El ejemplo de las 40 horas deja al descubierto el fenómeno del populismo legislativo, aquel en el que se empuja una idea sólo para ganar apoyo, sin importar si llegara a ser ilegal, impracticable o si juega con los sueños y las aspiraciones de la clase media y los más vulnerables de nuestro país. 

No sería justo incluir a todos los parlamentarios en estas categorías. Efectivamente existen personeros de todos los sectores y coaliciones políticas que, defendiendo sus ideas y posiciones, aportan al debate en un tono republicano, manteniéndose al nivel que exige un parlamento y haciendo gala de un alto nivel profesional y un oficio adecuado.  

Lo anterior, que existan parlamentarios de buen nivel, no quita que puedan ser necesarias sanciones, multas o amonestaciones públicas; medidas que sean compatibles con cargos de elección popular; que generen nuevos costos a la falta de seriedad, oficio y profesionalismo o incluso al uso del populismo legislativo que lamentablemente se encarna hoy en algunos honorables. 

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